La cantidad exigida va más allá de la que tiene prevista AENA, 600 euros.
La idea de la Plataforma, de 5.000 afectados, es sumarse a la acción de la Fiscalía como acusación particular en la causa que se abra contra los controladores.
Los abogados que representan a la asociación piden que se instruya un juzgado específico para el caso.
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